Son mis apuntes sobre policías y ladrones

Da la impresión que el auge de los ataques de los delincuentes comunes fuese cíclico y ahora en esta parte del Siglo XXI, con la facilidad que ofrece la tecnología y el Internet, los robos y asaltos están más expuestos a la opinión pública. Pero también es visible que el sistema gubernamental tiene limitaciones para enfrentar a este hecho social.

Mayo de 2012: Parece que en Ecuador se convierte en una realidad: la violencia social, la delincuencia común y la organizada han superado a la sociedad de bien. Una de las últimas disposiciones presidenciales indicó que miembros de las Fuerza Armadas volvieran a las calles a tratar de controlar la inseguridad es una muestra de ello. (Leer más en Sostiene Zavala Ra)

Agosto de 2022. Luego de ver los vídeos de unos asaltos empezaron a rondar por mi mente algunas preguntas y en una secuencia de tuits expuse mis puntos de vista; previo había planteado un escenario: Al sistema de seguridad, al gobierno o a la propia industria, le importa un rábano que tú estés en peligro. Ellos cuidan SUS finanzas. Si tu seguridad les causara dividendos, estarías seguro, pero los dividendos y la seguridad no pegan bien en los negocios recurrentes. (Variante del tuit de @GiuseppeNoc)

Aquí van mis apuntes:

Cuando se buscan soluciones a un problema lo que más se hace son preguntas. En este caso de robos y asaltos:

  • ¿Es confiable el mando policial para administrar honradamente los recursos asignados para la contrarrestar a la delincuencia común?
  • ¿Cuánto confía el personal de tropa en el mando policial?
  • ¿El mando policial respalda a sus subalternos?
  • ¿A qué manos van a parar los bienes robados por la delincuencia común en Ecuador?
  • ¿Qué organismos e instituciones tienen las competencias para cortar el mercado negro de las cachinerías?

La Fiscalía no ha podido cumplir con celeridad los casos relacionados con robos y asaltos. El sistema de impunidad funciona a la perfección en Ecuador y la Policía no alcanza con tantos delincuentes sueltos.

Tal vez las instituciones encargadas de controlar y cercar a la delincuencia común en Ecuador son víctimas del austericidio provocado por la consigna dogmática: achicar el tamaño del Estado.

Si todo le sale bien al Gobierno de Ecuador y a la Fiscalía, tal vez en un año podríamos ver algo de control a la delincuencia común. O, seguramente, es un error o una falla el asociar directamente al crimen organizado y al narco con la delincuencia común.

Entre paréntesis. Si se mira al narco como una organización cuasi gubernamental, tal vez los auto denominados defensores de Derechos Humanos podrían ayudar a combatir los crímenes asociados como la trata de personas.

Las políticas públicas están diseñadas para cuantificar el número de robos y asaltos, pero no para conocer el costo que le representa a las víctimas directas e indirectas.

Con todo lo que está ocurriendo en el mundo de la delincuencia común y frente a la incredulidad ciudadana en la gestión pública, se convierte en una aleación perfecta para crear teorías conspirativas mucho más creíbles que los tuits institucionales. (Al respecto leer el artículo de Elżbieta Drążkiewicz)

Y mientras publicaba estas reflexiones en mi cuenta Twitter, otra noticia empezó a rondar en el ecosistema informativo:

Actualizado el 8 de agosto de 2022, luego que leí un reportaje sobre lo que ha significado el «Régimen de Excepción» en El Salvador, como herramienta para cercar las pandillas Salvatruchas. Mi comentario fue: ¡¡Impresionante!! Este reportaje deja lecciones sobre las desviaciones patológicas legales, policiales y fiscales en el combate al crimen organizado. En definitiva: matar a la democracia en nombre de la seguridad ciudadana.

Otros apuntes para ir completando el escenario:

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